Regulación de los créditos rápidos

Los créditos rápidos son una forma fácil y segura de conseguir la financiación que necesitamos. Y, puede ser, que en algún momento nos hayamos preguntado qué leyes nos protegen en caso de solicitar uno de estos préstamos. En este artículo, vamos a ver qué normativas regulan los créditos rápidos y si hay algún organismo del Estado que se encargue de supervisar a las entidades que otorgan esta clase de préstamos.

¿Qué normativas regulan los créditos rápidos?

Los créditos rápidos se encuentran regulados actualmente por diferentes normativas. Dado que no existe una ley específica para estos préstamos, este tipo de financiación es regulada por diferentes leyes que atañen a sus distintos aspectos, como el comercio electrónico o la publicidad. Algunas de estas normativas son:

• Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre Ley general para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
• Ley Orgánica 15/1999 sobre la Protección de Datos de Carácter Personal.
• Ley 34/2002 que regula los servicios ofrecidos por Internet y el comercio electrónico.
• Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad.

Además de las leyes que hemos mencionado, las empresas de créditos rápidos también se deben ajustar a la Ley 16//2011, de 24 de junio, de Contratos de Créditos al Consumo.

Ley de Contratos de Créditos al Consumo

La conocemos popularmente como ley de crédito al consumo y es la encargada de regular los contratos de los préstamos personales de más de 200 €. Los préstamos destinados a la compra de viviendas, o las hipotecas, así como los préstamos personales por importes inferiores a esa cantidad no se encuentran regulados por esta ley.

Por lo tanto, en caso de que solicitemos un crédito rápido de más de 200 €, el contrato de nuestro préstamo deberá ajustarse y cumplir los artículos de esta ley.

Cuando vamos a solicitar un préstamo rápido, debemos tener en cuenta algunos aspectos que se deben cumplir en el contrato para que esté de acuerdo a la ley. En primer lugar, hay algunos derechos que la entidad deberá respetar y, en segundo lugar, hay una serie de datos que deberán aparecer en el contrato. Veamos cuáles son.

Los derechos

Cualquier préstamo personal de más de 200 euros debe cumplir con los siguientes derechos, y así lo debe especificar el contrato.

• Derecho a información contractual completa. Desde el momento en que se publicita, tenemos derecho a que nos informen de todos los aspectos relacionados con el coste y las condiciones del crédito rápido. Esta información debe ser transparente y real.
• Derecho a amortización anticipada. En cualquier tipo de préstamo, tendremos derecho a devolver de forma anticipada la totalidad o una parte del capital. Aunque, en algunos casos, las entidades podrán cobrarnos una comisión por este trámite.
• Derecho a una oferta vinculante. Si queremos, la entidad tiene la obligación de entregarnos un contrato vinculante con los términos que hemos pactado, y deberá tener una vigencia de, al menos, 14 días.
• Derecho de desistimiento. Si durante los 14 días naturales que sigan a la firma del contrato del préstamo, nos arrepentimos de nuestra solicitud, tendremos derecho a desistir el contrato y devolver el dinero. En ningún caso, la entidad podrá ponernos una multa o cobrarnos comisiones por esta decisión.

Información sobre el préstamo

En el contrato deberán aparecer una serie de datos sobre el préstamo. Estos son los que exige la Ley de Contratos de Créditos al Consumo:

• Información general del préstamo. Esta información incluye el importe total, el plazo en que tendremos que reembolsar el crédito, el capital total que devolveremos y las cuotas mensuales que pagaremos.
• Intereses. En el contrato deberán aparecer dos porcentajes. Tanto el tipo de interés que se aplicará al préstamo (TIN) como la Tasa Anual Equivalente (TAE) calculada según las condiciones del préstamo.
• Comisiones. Si el préstamo cuenta con comisiones de apertura, estudio, devolución anticipada, modificación… y a cuánto ascienden.
• Vinculaciones. Si es necesario, o no, contratar un seguro o cualquier otro tipo de producto vinculado al préstamo y qué condiciones tiene esta vinculación. Además, si debido a la contratación del producto, cambiasen las condiciones de algún aspecto del préstamo, también deberá estar especificado en el contrato.
• Consecuencias en caso de impago. Si no pagásemos el préstamo, ¿qué pasaría?, ¿a cuánto ascenderían o de qué porcentaje serían los intereses de demora o las comisiones por reclamación de posiciones deudoras?

Además de aparecer en el contrato, cuando nos informemos acerca del préstamo, la entidad nos deberá ofrecer esta información con un lenguaje claro. De esta forma, podremos decidir si se trata de una oferta de financiación que nos interesa, o no.

Aunque ya la hemos mencionado, también hay que hablar de ella. La Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que entró en vigor en diciembre de 2007, es la responsable de evitar el efecto de las cláusulas abusivas en los contratos de los préstamos no hipotecarios.

Al ser contratos de adhesión, cuentan con unas cláusulas que como consumidores no podemos negociar, y este texto legal se encarga de que no supongan un perjuicio para nosotros. Gracias a ello, se erradican cláusulas como la de modificación de coste total del créditos, siempre y cuando no demos nuestro consentimiento; las de intereses moratorios y todas aquellas que impidan hacer un reembolso anticipado del crédito o la liquidación del contrato si este no nos ofrece lo que pedíamos.

Desde el 25 de Mayo de 2018 con la entrada en vigor del RGPD existen las mismas normas respecto a protección de datos para todas las empresas que desarrollen su actividad en la UE.

Además, basándose en la Ley de Represión de Usura vigente desde 1908, también conocida como Ley de Azcárate, el Tribunal Supremo considera "usura" a la aplicación desproporcionada de intereses en las tarjetas revolving.

Nos referimos a la sentencia del Tribunal Supremo número 149/2020, favorable a los derechos del consumidor de tarjetas revolving afectados por el cobro de intereses considerados como abusivos.

Ante esta situación, la justicia se pone del lado del consumidor y permite reclamar la devolución de los intereses pagados de más que nos pertenezcan.

De este modo, podremos recuperar nuestro dinero y cancelar la vinculación con la entidad crediticia emisora de la tarjeta.

¿Las entidades que otorgan minicréditos están supervisadas por el Estado u otro organismo público?

Las entidades que se dedican actualmente a la concesión de créditos rápidos no se encuentran supervisadas por el Banco de España ,y tampoco las supervisa la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores). De hecho, estas empresas prestamistas privadas tampoco tienen la obligación de figurar en la AESAN (Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición).

Pero, ¿quiere decir esto que las empresas que conceden créditos de plazos cortos no se encuentren supervisadas por ningún tipo de organismo o asociación? No. Simplemente, debido a su naturaleza y las diferencias que tienen con otros tipos de financiación, no existía un organismo que regulase de ninguna manera a estas empresas, hasta que se creó la AEMIP (Asociación Española de Micropréstamos). 

Por lo tanto este tipo de créditos no cuentan con una ley específica que los regule, y tampoco cuentan con la supervisión de un organismo del Estado, como podría ser el Banco de España. Sin embargo, algunas de estas empresas son supervisadas de forma directa por la AEMIP y cuentan con un sello de calidad y seguridad garantizado por esta Asociación.

Por lo pronto, podemos distinguir a las entidades de préstamos legales de las que no lo son, si seguimos una serie de recomendaciones y consejos para evitar las estafas en los créditos rápidos.

¿Con qué finalidad fue creada AEMIP y qué funciones realiza?

Cada vez hay más empresas dedicadas a la concesión de micropréstamos. Por eso, y debido a la necesidad de regular esta actividad, para garantizar la seguridad de los clientes, fue creada la Asociación Española de Micropréstamos.

Esta asociación sin ánimo de lucro se encarga de imponer ciertas normas en este mercado, protegiendo a los usuarios de micropréstamos y, a la vez, mejorando la imagen de las empresas de este sector. La AEMIP cuenta con diferentes aspectos que es importante destacar.

Código de buenas prácticas

La asociación tiene un Código de Buenas Prácticas que cualquier persona puede descargar y leer en su página web, y que todas las empresas asociadas y adheridas deben cumplir. Entre otras cosas, en este código quedan especificados aspectos como que todas las empresas registradas deberán ajustarse a la legislación española vigente.

Por otro lado, las empresas inscritas en la asociación tendrán que cumplir con sus obligaciones de forma honesta, eficaz, responsable y ética. Realizando una publicidad transparente y veraz, y utilizando un lenguaje claro en sus comunicaciones con los clientes.

Además, tanto sus trabajadores como afiliados, deberán conocer el código de buenas prácticas de la AEMIP y cumplirlo para garantizar la seguridad de los clientes.

Por lo tanto, el código cuenta con un listado de normas que regulan de forma específica a las empresas que se encuentran asociadas o adheridas a la asociación. Gracias a este código de buenas prácticas, las entidades de la AEMIP cuentan con un sello de calidad, que ampara la seguridad de los usuarios de sus créditos.

Pero la aplicación de este código no es el único objetivo que tiene la AEMIP.

Fichero de autoprotección

La AEMIP cuenta con un fichero de autoprotección del que pueden valerse los clientes de las empresas que pertenecen a esta asociación. Este fichero tiene la finalidad de protegernos del endeudamiento excesivo por la solicitud de microcréditos.

Por ese motivo, si queremos constar para la Asociación como personas físicas no aptas para la obtención de micropréstamos, podremos hacer uso del formulario de solicitud y pasar a formar parte de este fichero, para así evitar el sobreendeudamiento.

Una vez que nos demos de alta en el fichero de protección, esta petición tendrá un efecto de dos años. También, podemos darnos de baja cuando lo deseemos si queremos volver a ser aptos para acceder a la financiación de las entidades asociadas.

Otras funciones

Esta asociación tiene otras funciones. Entre ellas, se encuentran las siguientes:

• Representar los intereses de los miembros de la asociación.
• Ofrecer a sus asociados diferentes servicios de formación, asesoramiento o asistencia técnica.
• Fomentar las buenas relaciones entre los miembros y los clientes, la sociedad u otras entidades financieras.
• Promover una mayor protección de los clientes por medio del Código de Buenas Prácticas.

Como hemos podido ver, la Asociación Española de Micropréstamos cumple con muchas funciones que garantizan, tanto la buena imagen de las empresas inscritas, como la seguridad de los clientes mediante las buenas prácticas en el sector.

¿Se esperan cambios en la regulación de los créditos rápidos?

No hay duda de que, a pesar de que exista la figura de la AEMIP, es necesario que se creen normas específicas en la legislación para regular los minipréstamos. Por ese motivo, en el año 2017 se llevó a cabo en el Congreso la aprobación de una proposición de ley, que regularía las entidades que no supervisa el Banco de España.

Se espera que, a lo largo del año 2019, vean la luz estas regulaciones específicas que llevará a cabo el Estado sobre los préstamos de corto plazo. Esto sería una excelente noticia, tanto para las entidades como para los usuarios.

De este modo, se evitará que proliferen las estafas en este sector, que únicamente manchan la reputación y crean desconfianza. Además, se protegerá al usuario que, en ocasiones, es muy vulnerable a los fraudes cuando necesita financiación.